La eterna cuestión catalana

1.- A finales de 2008, la convocatoria de unas consultas no oficiales sobre la independencia en Cataluña fue objeto de atención por parte de la prensa internacional. Desde mediados del siglo XIX, el encaje de Cataluña en España ha sido un problema recurrente. Y seguimos en este debate. El cambio generacional ha dado un nuevo horizonte a la cuestión catalana. La generación que hizo la transición del franquismo a la democracia, nunca puso en duda la pertenencia de Cataluña a España. Pesaban sobre ella los consensos, los compromisos, e incluso el miedo a la regresión, que sirvieron para tejer el paso de un régimen dictatorial a un régimen democrático, con la figura del Rey en el papel de buen traidor: portador de la legitimidad del régimen anterior (fue Franco quien le puso en el trono) permitió el desmantelamiento de las instituciones franquistas y la construcción de las nuevas. Las nuevas generaciones de catalanes han sido formadas en catalán, en la cultura catalana y en los mitos referenciales del lugar, de modo que su perspectiva es forzosamente distinta a la de sus mayores. El carácter nacional de Cataluña es para muchos de ellos como algo natural que está en los libros de texto. Y cuestiones que antes podían ser tabú, como la independencia, aparecen muy desdramatizadas. Los tiempos cambian y las sociedades, también.

2.- El artículo segundo de la Constitución Española de 1978 dice: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas”. La distinción entre nacionalidades y regiones fue el caballo de batalla de las discusiones de los legisladores. España salía de una dictadura que tenía entre sus consignas la frase “antes roja que rota”. Los viejos poderes –especialmente el Ejército– intentaban tutelar el proyecto constituyente. La palabra nacionalidad, que en lugares como la exUnión Soviética había sido utilizada para designar a las minorías étnicas y culturales, fue el eufemismo al que se recurrió para diferenciar a Cataluña, el País Vasco y Galicia –territorios con pretensión de naciones históricas- del resto de las comunidad autónomas –regiones– algunas de ellas de nueva planta.

A partir de ahí, se puso en marcha un importante proceso de descentralización del Estado que puso gran parte de los recursos presupuestarios en manos de los gobiernos autonómicos, aunque el gobierno español ha mantenido un control político importante. Se podría decir que España es un país muy descentralizado en el gasto pero mucho menos en la toma de decisiones políticas. Sin embargo, servicios básicos del Estado están transferidos a las autonomías. Cataluña, por ejemplo, tiene competencia exclusiva en sanidad, educación y cultura, en la gestión de la Justicia, aunque la escala jurisdiccional termina en el Tribunal Supremo español, cuenta con policía propia, y tiene capacidad impositiva aunque no sobre la totalidad de los impuestos.

Treinta años después, el debate del artículo 2 de la Constitución ha vuelto. En 2004, el gobierno de izquierdas de Cataluña, fruto de la primera alternancia, después de más de veinte años de hegemonía del nacionalismo conservador, puso en marcha un proceso de reforma del Estatuto de Cataluña, que después de muchos meses de tormenta política, fue aprobado por el Parlamento de Cataluña, sensiblemente retocado por el Parlamento español y finalmente ratificado en referendum por el pueblo catalán, según establece la ley. El Estatuto de Cataluña es la ley orgánica que regula el papel de Cataluña dentro del Estado español. En su preámbulo se define a Cataluña como nación y, en la primera parte del articulado, como símbolos nacionales la bandera, la fiesta y el himno. Y también: “La lengua propia de Cataluña es el catalán”. “El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español”. El Estatuto contó con el apoyo del 85 por ciento de los diputados del Parlamento catalán. Y fue aprobado en referéndum en Cataluña con una baja participación, ligeramente inferior al 50 por ciento, y el 74 por ciento de votos a favor, a pesar de que Esquerra Republicana, que lo considera insuficiente, y el PP hicieron campaña por el “No”. El PP recurrió estos y otros artículos del Estatuto ante el Constitucional, el debate de 1978 vuelve a estar sobre la mesa.

3.- Cataluña es un país – una nación, al decir del 85 por ciento de las diputados catalanes – mediterráneo, en el Noreste de España, de 32.000 km² de extensión y siete millones y medio de habitantes. Cuatro millones de ciudadanos se concentran en el área metropolitana de Barcelona. La población de Cataluña ha ido creciendo durante el siglo XX a partir de diversas oleadas de inmigración del interior de España. La última llegada masiva de trabajadores provenientes de la España pobre fue durante el desarrollismo de los años 60. Hasta mediados de los noventa, la inmigración extranjera era desconocida tanto de Cataluña como de España. En menos de quince años se ha dado un salto demográfico enorme: un millón y medio de los actuales habitantes de Cataluña provienen de la inmigración extranjera.

A seis cientos kilómetros de Madrid, en la periferia del sistema, Cataluña fue durante la dictadura, junto con la capital española y con el País Vasco, uno de los principales motores de desarrollo económico. Su modernización contrastaba con la situación de la España profunda. Treinta años después, Cataluña ha perdido el monopolio de la modernidad en España. Madrid, con un área metropolitana de ocho millones de habitantes, se ha convertido en una capital global, de incidencia sobre Latinoamérica, con una economía de alto riesgo, fundada sobre el capital financiero y el ladrillo. Cataluña ha mantenido su tradición de tejido industrial fuerte, pero ha exhibido sus limitaciones históricas, especialmente por la falta de un poder financiero fuerte que le permita tener compañías de tamaño con capacidad para competir en la primera división internacional. Mientras el nacionalismo moderado de Jordi Pujol (que presidió Cataluña desde las primeras elecciones democráticas, en 1980, hasta el 2003) lideraba un proceso de nation building, en clave, sobre todo, lingüística, desde el poder municipal. los socialistas, con el alcalde Pasqual Maragall, al frente, aprovecharon los Juegos Olímpicos del 92, para colocar a Barcelona como una referente urbanístico y cultural en el mapa del mundo. Lo que generó tensiones internas entre nacionalistas y urbanitas, o, si se prefiere entre el territorio y la capital.

4.- Cataluña ha ido generando un sistema político propio. Diferenciado del español. Mientras que en España se ha consolidado un bipartidismo imperfecto, que sólo da opciones de gobierno a dos partidos, el PP por la derecha y el PSOE por la izquierda, en Cataluña la vida política es a cinco: con el PP por la derecha, CiU en el amplio espacio del nacionalismo conservador, el PSC (el hermano del PSOE) en el centro izquierda, Iniciativa, heredera de la tradición comunista y convertida al ecologismo, y Esquerra Republicana, genuinamente independentista. Excepto el PP, que en Cataluña ha jugado siempre un papel secundario, todos han ocupado posiciones de gobierno. La coalición CiU gobernó durante 23 años primero en alianza con Esquerra Republicana, después con mayorías absolutas, y finalmente con el apoyo externo del PP. En 2003 se produjo la alternancia. El eje de la política catalana se desplazo de la oposición nacionalistas/no nacionalistas (o nacionalistas españoles, dirían algunos) a la oposición derecha/izquierda. Y se formó un gobierno de coalición que juntó a socialistas, excomunistas e independentistas. La falta de práctica de la coalición ha conducido a situaciones que han desgastado mucho al gobierno, de modo que entramos en año de elecciones al parlamento de Cataluña, que designarán el nuevo presidente de la Generalitat, con ventaja en las encuestas para los nacionalistas de CiU.

5.- Durante los seis años de gobiernos de izquierda –presididos por los socialistas Pasqual Maragall y José Montilla se han producido algunos hechos relevantes que han sacudido a la sociedad catalana. Desde 2003 Esquerra Republicana, liderada entonces por Josep Lluís Carod Rovira, se presentó ante el electorado con un discurso que podríamos llamar de independentismo laico: estar por la independencia no significa ser nacionalista. Es decir, el independentismo no requiere de actos de fe ni de adhesión patriótica, se puede estar por la independencia por simple pragmatismo. La independencia no debe ser un mecanismo de exclusión: a ningún ciudadano que viva y trabaje en Cataluña (que es la definición usual de catalán, establecida por Jordi Pujol en el tardofranquismo) se le debe poner peaje ni condición alguna para la independencia. Fue un trampolín que llevó a Esquerra Republicana a magníficos resultados y que después sirvió para que el independentismo se expandiera, saliera de su reducto marginal y se convirtiera en una opción política, en condiciones de competir con cualquier otra. Con el valor añadido además de la transgresión, atractivo por el electorado joven: la independencia no está contemplada en la Constitución. El precio del éxito que representa para Esquerra haber dado carta de naturaleza a la independencia, ha sido la pérdida del monopolio del independentismo del que había gozado tradicionalmente. Y probablemente lo pagará con algunos costes electorales. Pero hoy el independentismo salpica casi todos los espacios ideológicos de Cataluña.

En 2006, Cataluña eligió por primera vez como presidente a un charnego. Charnego es el nombre que despectivamente se daba a los inmigrantes que llegaban a Cataluña procedentes de otras regiones de España. La elección de un presidente catalán no nacido en Cataluña, cierra el proceso de construcción nacional y acaba definitivamente con cualquier riesgo de fractura cultural del país. Desde la segunda legislatura de José María Aznar, la tensión entre Cataluña y España creció considerablemente. Aznar tenía en su cabeza un proceso de restauración que atara en corto al estado autonómico. Al llegar Zapatero, prometió desarrollar una idea de España plural, que alimentó una cadena de reformas estatutarias en diversas comunidades autónomas. La promesa de Zapatero, inicialmente, generó una distensión con Cataluña que posteriormente ha derivado hacia la frustración, al ver que había más limitaciones que posibilidades nuevas en su propuesta.

Las promesas de Zapatero se han ido desvaneciendo y el proceso de elaboración del nuevo estatuto y su desarrollo posterior ha sido una cadena de desencuentros. El PP llevó a cabo por aquel entonces una dura campaña recogiendo firmas contra el Estatut en toda España que levantó muchos resentimientos. Las contradicciones entre Cataluña y España están hoy a la vista. La eterna cuestión del encaje de Cataluña vuelve a estar caliente. Una sentencia negativa del Tribunal Constitucional podría agravar la situación. Por eso, doce periódicos catalanes, liderados por “La Vanguardia” y “El Periódico”, publicaron un editorial conjunto por la dignidad de Cataluña, pidiendo al Constitucional prudencia al redactar la sentencia y tratando de movilizar a la centralidad del país, para evitar que sean los sectores más radicales los que capitalicen una sentencia desfavorable. Asociaciones empresariales, sindicales y sociales diversas se adhirieron al manifiesto. Era un aviso a España: cuidado que podemos tener un problema.

6.- Cataluña está en año electoral. La ciudadanía viene desde hace un tiempo mostrando cierto desapego con la política con baja participación en las consultas y con cierta manifestación de hastío. La campaña de referéndums no oficiales sobre la independencia, puesta en marcha por diversos colectivos de activistas, ha obtenido resultados modestos y, sin duda, tendrá dificultades para continuar en el futuro. No es fácil mantener la tensión por estas convocatorias que carecen de carácter oficial y por tanto no produce efecto legal alguno. Sin embargo, la movida independentista ha venido a reanimar una vida política que parecía decaída. Y todos los partidos de algún modo han tenido que posicionarse sobre ella.

En cualquier caso, a finales de este año, los catalanes escogerán entre el españolismo (y fundamentalismo constitucional) del PP, el soberanismo de CiU que con una mano es abiertamente independentista, para atraer esta bolsa del electorado, y con la otra cierra las expectativas hasta tiempos mejores, para no asustar al voto moderado, la permanencia en España y el desarrollo pleno del Estatut del PSC y de Iniciativa, y el independentismo genuino de Esquerra Republicana. Y sea cual sea la sentencia del Tribunal Constitucional, las tensiones seguirán, porque lo que da legitimidad en Cataluña la resta en España y viceversa.

7.- La complejidad del demos catalán, dónde el número de ciudadanos que dice sentirse sólo catalán o más catalán que español, es sólo ligeramente superior al de los que dicen sentirse tan catalanes como españoles, hace que algunos interpreten que se trata de un conflicto artificialmente hinchado por las élites locales. Pero no se aguanta tanto tiempo un globo si no hay realmente un flujo de gas que lo alimente. La llegada de un millón y medio de inmigrantes extranjeros en poco más de diez años ha venido a complicar un poco más la situación. Se trata además de una inmigración de muy diversas procedencias (magrebí, rumana, latinoamericana, subsahariana, pakistaní, india, filipina, y un largo etcétera) lo que impide generalizar sobre ella.

Sin duda, la lengua –el catalán– es elemento referencial de la identidad catalana. La política de inmersión lingüística, aprobada en su día por el parlamento catalán y validada por el Constitucional, que convierte al catalán en lengua vehicular de la enseñanza ha impedido la fractura del país en dos comunidades lingüísticas. Pero Cataluña pugna por ser reconocida como nación política –es decir, con interlocución bilateral con España y con capacidad de desarrollar sus aspiraciones de autogobierno hasta dónde sus ciudadanos quieran, y no sólo lingüística o cultural.

¿Treinta años después hay que seguir manteniendo el eufemismo nacionalidades para evitar hablar de naciones, como pretenden algunos magistrados del constitucional? ¿O, con la democracia asentada, es posible hablar sin miedo de nación y de nación de naciones? Desde una concepción muy clásica de la soberanía, la idea de nación de naciones es imposible porque no es posible tener dos soberanías a la vez. Pero los tiempos pasan, y las soberanías cada vez son menos lo que eran. ¿O es que los grandes países europeos no han cedido grandes dosis de soberanía a Bruselas sin que pasara ninguna catástrofe? Quizás que España y Cataluña se reconocieran mutuamente como naciones sería la mejor manera de entenderse. Al fin y al cabo si hay en Cataluña algún independentismo posible será algo tan poco épico como pasar de una relación confederal con España a una relación confederal con Europa.